Conclusiones del encuentro con la abogacía especializada en derecho de familia y Gabinetes técnicos de Psicología Jurídica del menor y forense año 2019

ENCUENTRO CON LA ABOGACIA ESPECIALIZADA EN DERECHO DE FAMILIA
Y GABINETES TECNICOS DE PSICOLOGIAJURIDICA DEL MENOR Y FORENSE
AÑO 2019
CONCLUSIONES

MESA III. EJECUCION EN DERECHO DE FAMILIA. DIFERENCIAS DE CRITERIOS EN EL PROCEDIMIENTO
Impulsar una reforma urgente de las leyes de enjuiciamiento para adaptar el procedimiento de ejecución al objeto del litigio, por cuanto los esquemas previstos para los litigios de carácter económico y patrimonial no sólo no son útiles para muchos de los conflictos familiares, sino que en muchas ocasiones son un elemento que los agrava.
(APROBADA POR UNANIMIDAD).

Mientras no se lleven a cabo los cambios legislativos que se proponen, y, en concreto en el ámbito de la ejecución, se propone:
1.- Respecto a las ejecuciones económicas, en especial las relativas al impago de pensiones y cargas comunes, es necesario que, ante la denuncia de incumplimientos, se dé una respuesta rápida y eficaz para evitar la acumulación de atrasos y los problemas de intendencia del núcleo familiar en el que residen los hijos.
2.- Respecto a los gastos extraordinarios es importante que en la práctica forense se distingan con precisión, en sentencias y convenios reguladores, los capítulos que integran los gastos ordinarios de los que legal y jurisprudencialmente son extraordinarios (imprevisibles, necesarios y no periódicos), para evitar la multiplicación de incidencias y discrepancias en la ejecución.
3.- Respecto a las situaciones de conflictividad derivadas de las reticencias de los hijos o las dificultades en el cumplimiento de las previsiones sobre estancias y visitas, es urgente y necesario analizar las diversas prácticas que se vienen desarrollando en el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar y las intervenciones en Coordinación de Parentalidad mediante la creación de una Observatorio que evalúe la regulación y los protocolos que se están implantando, y se proponga una regulación legal común que garantice los derechos de los menores inmersos en los procesos de ruptura de los progenitores.
Proponemos que ese Observatorio se residencie en el CGPJ y sea integrado por jueces/as, fiscales/as, abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, educadores/as sociales, pediatras y especialistas en las materias de menores y familia.
(APROBADA POR UNANIMIDAD).

El/la Coordinador/a de Parentalidad, como medio de resolución de conflictos complementario al judicial, puede ser nombrado por el/la juez/a en los supuestos de familias con hijos menores, en situación de conflicto parental de alta intensidad, con el fin de pacificar o apaciguar el mismo, reducir la tensión existente y lograr, en cuanto sea posible, un ejercicio positivo de las funciones parentales por los progenitores.
El nombramiento, incluso sin el consentimiento de los progenitores, tiene cobertura legal en el artículo 158.6 del Código civil, entre otros preceptos, y puede hacerse en cualquier tipo de proceso, a través de auto o sentencia, para garantizar la ejecución de las medidas de carácter personal referidas a los hijos en materia de ejercicio de patria potestad y cumplimiento del régimen de guarda y estancias de los hijos con los progenitores.
(APROBADA POR AMPLÍSIMA MAYORIA, CON 38 VOTOS A FAVOR y 7 VOTOS EN CONTRA).

En los supuestos en que exista un proceso penal de violencia de género, es posible acordar la intervención del Coordinador/a de Parentalidad en el proceso de familia posterior, ya conozca del mismo el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o el de Familia, cuando en función de las circunstancias concurrentes el juez lo estime conveniente para la protección del interés superior del menor.
(APROBADA POR AMPLÍSIMA MAYORIA, CON 42 VOTOS A FAVOR y 3 VOTOS EN CONTRA).
La Asociación de Mujeres Juristas THEMIS NO aprueba, emitiendo su voto en contra, las conclusiones relativas a la coordinación de parentalidad.

MESA IV. CUESTIONES PROCESALES Y COMPETENCIALES EN MATERIA DE Dº DE FAMILIA
Se ha de instar al legislador la modificación del art. 775-1º de la LEC referido a la competencia en los procedimientos de modificación de medidas, adaptándolo al derecho europeo de manera que prime la competencia del lugar de residencia habitual del menor.
Dada la falta de previsión del legislador estatal sobre la modificación en vía jurisdiccional de familia de las medidas acordadas en divorcio notarial, en tanto no se produzca tal previsión, puedan admitir los juzgados de familia las demandas de modificación contenciosa de dichas medidas en base al derecho a la tutela judicial efectiva y a la naturaleza esencialmente modificable de tales medidas si cambian sustancialmente las circunstancias que se daban cuando se adoptaron.
(APROBADA POR UNANIMIDAD)

MESA V. CUSTODIA. -RECURSOS DE APOYO A LOS JUZGADOS DE FAMILIA
Necesaria regulación a nivel estatal de los equipos psicosociales donde se establezcan los parámetros de acceso, formación, metodología y responsabilidad de sus profesionales por mala praxis. Dotarles por tanto de un marco jurídico que los regules en cuanto a su composición, funciones y responsabilidad. Es necesario que exista una coordinación entre los diferentes equipos psicosociales sobre metodología.
Homogeneizar la formación en perspectiva de género y psicología infanto-juvenil a los equipos psicosociales y de todos los operadores jurídicos, debiendo ser impartida por personas expertas en género.
Fomentar el uso de medidas preventivas, como la mediación.
(APROBADA POR UNANIMIDAD)

Leave a comment